miércoles, enero 23, 2013

Reagrupación familiar de inmigrantes y desahucios. Legislación. España, Ecuador, Europa.


He leído en muchos foros la crítica especialmente al colectivo inmigrante en España el hecho de "lanzarse a comprar una vivienda sin tener necesidad", usándolo como argumento para, desde una posición clásica en psicología social, identificarse con el agresor y culpar a la víctima, defendiendo que aquellos con problemas apechuguen solos con el tema.

Sin embargo, rara vez se comenta un requisito que la legislación vigente (Ley Extranjería 2000) especifica para el reagrupamiento familiar:

2. El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

En la práctica suponía que había que tener una vivienda propia para poder pedir el reagrupamiento familiar. En la mayoría de colectivos inmigrantes que entraron al olor del crecimiento económico español basado en, irónicamente, la burbuja inmobiliaria que mediante esta ley se ayudaba a inflar, se procedía de países con fuerte tradición de arraigo familiar. Significa que en muchos casos, el proceso era el siguiente:

  1. Inmigrante solo llega a España, encuentra trabajo.
  2. Con un trabajo y una estabilidad, Inmigrante quiere traer a su familia mediante los mecanismos de reagrupación familiar.
  3. Para conseguir la reagrupación, debe comprar una vivienda. Su sueldo le permite la compra de un piso. A decir verdad, quien permite el crédito para la compra del piso es el banco, el cual intenta colocar préstamos lo más voluminosos posibles mediante ocultación de información, especialmente de los riesgos que se contraen.
  4. Inmigrante compra vivienda para traer a su familia, y así lo consigue.
  5. Crisis llega, Inmigrante (que quizás perdió el empleo) se enfrenta a una deuda enorme que le es imposible pagar. Quizá piensa que puede vender el piso para cancelar la deuda, y se encuentra con que ahora le dan la tercera parte o la mitad con suerte de lo que pagó por él (nueva tasación a la baja + derecho del banco de tomar el inmueble por el 60% del valor de tasación), con lo cual todavía le queda mucho que pagar. Si incurrió en nuevos préstamos, como solían promover las propias entidades prestatarias, ya ni te cuento.

Es evidente que hay un componente de cultura financiera que quien toma el préstamo sería recomendable que conociese, porque entonces quizás no lo tomaría. Pero, si no es así, ¿es lícito aprovecharse de estas lagunas, en vez de asesorar? ¿Los bancos tienen libertad para comportarse como timadores? ¿Dónde queda el derecho constitucional a la vivienda, por debajo del derecho al timo?

Durante los años de la burbuja inmobiliaria, no sólo era lícito, sino que era promovido, deseado y bonificado por las entidades. Entre otras cosas, evidentemente.


Artículo 47 de la Constitución Española


Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Aparte de los muchos comentarios que pueden hacerse, creo que a este respecto podría haberse impugnado la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, conocida generalmente por ser la Ley del Suelo impulsada por José María Aznar (ya derogada por otra ley propuesta por el PSOE en 2007, que llega tarde y mal) que hizo posible la urbanización de terreno rústico prácticamente sin limitaciones, y que generó un período de especulación en la vivienda que estamos pagando todos con nuestro dinero, por inconstitucional. Pero, claro, quién iba a pensar que ocurriría esto... de no ser porque se hizo para eso, para impulsar la especulación y el crecimiento económico basado en el ladrillo - ya que es lo que ha ocurrido en todos los países del mundo desarrollado en los cuales se han aplicado este tipo de cambios en la legislación.

Responsabilidad de las entidades financieras necesarias

"Si te engañaron es porque te dejaste engañar", "Si te metiste en un crédito que ahora no puedes pagar, pues no haberte metido. Ahora te jodes". Y demás perlas.

Cuando voy al médico, y me dice que tengo una hernia y hay que operar, pues le creo. Es el especialista, me dirijo a él para dejarme asesorar por él, ya que yo no poseo el conocimiento específico sanitario que él, como profesional, sí tiene. Asimismo, se tiene por parte del personal sanitario una responsabilidad en el caso de negligencia. Por eso son profesionales del sector.

No me imagino a alguien culpabilizando a una víctima del sistema sanitario porque le dijeran que tenía una hernia y en realidad era un tumor que por no actuar a tiempo se extendió. "Deberías haber sabido que era un tumor. Ahora te jodes y apechugas".

Esta responsabilidad no se exige en el sector financiero. ¿Por qué?

Puede argüirse que el sector sanitario que nombro en el ejemplo, tiene una importancia y urgencia mucho mayor que el sector financiero que, al fin y al cabo, solo es dinero. Es este dinero, que los bancos exigen, el que hace que haya habido 126.426 deshaucios en España en los nueve meses entre Enero y Septiembre de 2012. Y que estos deshaucios, evidentemente tienen una urgencia e importancia en la salud de los desahuciados y sus familias, es evidente, cosa que parece sólo hacerse evidente a la opinión pública en los casos de muerte por suicidio, aquí o en otros países de nuestro entorno.

Es este dinero, en forma de deuda, el que está haciendo que, según las tesis mayoritarias de los partidos en el poder en el mundo occidental y demás países desarrollados, haya que recortar precisamente en servicios sanitarios. Y no sólo éstos, sino que también se resiente todo el estado del bienestar en su conjunto, hasta el punto de decirse insostenible.

Si un corazón sano es necesario para el bienestar de un individuo, el sistema económico y financiero de un país lo es para sus ciudadanos. Así es en el sistema capitalista que se ha impuesto en el mundo desarrollado. Si toda la deuda generada por estas entidades, necesarias para el sistema (porque no se pueden dejar caer), debe ser sostenida y pagada por los ciudadanos, entonces éstas deben tener responsabilidades penales.

¿O a qué estamos jugando?

Demanda de Ecuador contra España sobre desahucios e hipotecas en la Unión Europea - Tribunal de Estrasburgo


El Gobierno ecuatoriano, ante la inacción de las instituciones españolas, ha elevado al Tribunal de Estrasburgo una demanda por la falta de derecho con que la Justicia española trata los asuntos hipotecarios.


Según el Defensor del Pueblo ecuatoriano, se violó el derecho a la defensa "ya que desde el momento de la firma del contrato hasta la ejecución hipotecaria, el deudor no tiene la posibilidad de impugnar por sus derechos fundamentales". Por ello, solicitan al Tribunal "la modificación de la normativa procesal española".

Para terminar, dejo un vídeo de carácter claramente propagandístico de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el cual se expone este caso. Tiene intención propagandística, sí, pero es real la lucha que está llevando el Gobierno de Ecuador desde el lado del ciudadano, incluida declaración de deuda odiosa (que implica el derecho a no pagarla) de este tipo de hipotecas, que los españoles nos estamos comiendo con todos los extras, a mayor gloria del sistema financiero.